El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), el organismo encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país, dispuso el cierre de todas sus delegaciones provinciales a partir del próximo lunes 1 de abril, una medida que podría dejar sin trabajo a unas 300 personas, según fuentes del Gobierno.
Con la firma de Juan Martín Ozores, interventor del Enacom, el Gobierno también estableció "un período de transición de 60 días a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales".
El Enacom realizará estos cierres con "una dotación mínima de agentes" quienes, según el documento oficial, deberán elaborar un "inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales".
A través de esta resolución, que además de Ozores lleva la firma de los interventores adjuntos Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, el ente da 30 días para "el ingreso de denuncias y demás trámites administrativos".
El instituto público, que en 2015 ya con Mauricio Macri al frente de la presidencia reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por último, ordenó a "la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Recursos Humanos para que en el marco de sus competencias procedan a llevar adelante las tareas tendientes a dar cumplimiento al artículo 1 de la presente". El artículo 1 es el que establece el cierre de las delegaciones provinciales.
Intervención en enero
El Gobierno dispuso la intervención del Enacom el 29 de enero. "Hoy la normativa vigente no facilita el acceso y la asequibilidad para las personas y empresas y tampoco facilita la competencia", justificaron desde el Ejecutivo. La medida se realizó con "la intención de quitarle el peso del Estado a las empresas que deseen operar en Argentina".
Para la Casa Rosada, el Enacom se encontraba "sobredimensionado" y "estancado desde finales de 2020"?. Por eso dispuso la intervención, "con el objetivo de evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizarlo y profesionalizarlo al servicio de los argentinos".
En esta "etapa transitoria pero necesaria", según el Gobierno, las autoridades están realizando una auditoría de la gestión al frente de Claudio Ambrosini, dirigente del massismo y extitular del organismo durante la gestión de Alberto Fernández.
El plazo que se puso el Gobierno es de 180 días, aunque "podría ser menor si se concluyen las tareas previstas, que incluyen un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas emitidas en los últimos cuatro años que regulan las comunicaciones y de la propia estructura operativa de la entidad". 
Fuente: La Nación