Dos mayores imputados por el hurto a un stud
AVANZA UNA INVESTIGACIÓN POR EL ROBO DE ELEMENTOS ECUESTRES
Tras una denuncia radicada el 16 de julio, la Policía realizó allanamientos en dos domicilios de la ciudad y recuperó parte del botín. La justicia imputó a dos hombres mayores de edad, uno de ellos ya vinculado al hallazgo de elementos sustraídos.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal informó que, el pasado 16 de julio, se recibió en sede policial la denuncia de Sandra Carina Castillo, de 54 años, quien constató que autores ignorados habían ingresado a un stud de su propiedad ubicado en calle Mitre y 64. Los delincuentes sustrajeron dos recados completos y sogas varias, elementos típicamente utilizados para el manejo y la monta de caballos.

A partir de la denuncia, se inició una investigación que incluyó la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del sistema de Monitoreo Municipal. Con ese material probatorio, la Policía solicitó medidas judiciales, y el día lunes 21 de julio se concretaron dos allanamientos simultáneos.
El primero se realizó en un domicilio de calle Rocha 2766, donde residiría un menor de edad presuntamente vinculado a la autoría del hecho. Allí, personal policial logró secuestrar varios juegos de riendas y elementos propios de monturas, utilizados comúnmente en la actividad ecuestre.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en calle Almafuerte 1546, propiedad de Marcelo Manuel Andrade, mayor de edad. En este lugar se incautó una montura completa, compuesta por tres cojinillos, una matra, una sudadera, una cincha y otros elementos asociados al equipamiento equino.
Los resultados de ambas diligencias fueron puestos a disposición de la justicia, que avanzó en la imputación formal del hecho contra Marcelo Andrade y Keving Ezequiel Gómez, ambos mayores de edad y oriundos de Coronel Pringles. Si bien uno de los allanamientos involucró a un menor, hasta el momento los principales apuntados por la justicia son los mencionados adultos.
La causa continúa su curso bajo la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, mientras la Policía evalúa si existen otros implicados o si los elementos secuestrados permitirán recuperar la totalidad de lo robado.